Dos resoluciones de acción de amparo de las salas constitucionales de Pando y Beni han dejado en incertidumbre las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre. Los vocales de ambas salas ordenaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) devolver las listas de candidatos a las comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para subsanar vulneraciones a los derechos de dos postulantes.
El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, calificó estas resoluciones como un “golpe a la democracia” y anunció que la Sala Plena se reunirá este miércoles para analizar los fallos y tomar una decisión.
La Sala Constitucional de Pando declaró desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a incumplimientos en los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial. Además, se observó la inclusión de “candidatos aplazados” y la falta de presencia de mujeres indígenas.
En Beni, la Sala Constitucional Primera también declaró desierta la convocatoria para postulantes al TSJ y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por incumplimientos similares. Los vocales ordenaron al TSE devolver las listas de candidatos a la ALP para que sean subsanadas.
El TSE no fue notificado formalmente de la audiencia de Pando y su vocal vicepresidente, Francisco Vargas, dijo que se enteraron a través de la prensa. Vargas anunció que el TSE tomará acciones legales y presentará un recurso contra estas decisiones.
El vocal constitucional de Beni, Charles Mejía, denunció un intento de amedrentamiento por parte de la Policía, que rodeó la sede judicial. Mejía acusó a los policías de intentar presionar y aprehender a los vocales para evitar el desarrollo de la audiencia.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó que un contingente de la Unidad Anticorrupción llegó al tribunal judicial de Beni para verificar si se cometía algún delito en el lugar.