La Paz, 5 de diciembre de 2024 (FAP Digital). El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que las medidas de control, fiscalización, confiscación o decomiso de alimentos, contempladas en la Disposición Adicional Séptima del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, no están orientadas a los productores.
Esta aclaración fue realizada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en una reunión con representantes de las 18 asociaciones agropecuarias y agroindustriales de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), celebrada en Santa Cruz de la Sierra. A la cita también asistieron los ministros de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.
“Hemos venido para aclarar las dudas y malos entendidos que pudiera haber causado esta propuesta”, señaló Montenegro, enfatizando que el objetivo de la disposición es combatir la especulación y el contrabando, y no afectar a los productores ni a los intermediarios que actúan dentro de la legalidad.
Según el ministro, la disposición busca garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales, permitiendo acciones contra actores que almacenan, retienen o pretenden encarecer los productos. Asimismo, se establece que los actores de la cadena alimenticia deben proporcionar información bajo declaración jurada, tratada con carácter confidencial.
En respuesta a las preocupaciones expresadas por la CAO, que pidió la eliminación del artículo, Montenegro reiteró que la disposición no busca “estigmatizar a los productores”, sino actuar contra “malos operadores” que perjudican el mercado interno.
Además, invitó a los representantes agropecuarios a participar en la reglamentación del artículo, para que esta refleje la confianza y los objetivos del sector. “Los marcos de las leyes son genéricos. La aplicación efectiva se encuentra en la reglamentación. Los productores y todos los actores están invitados a contribuir”, subrayó.
El PGE 2025 sigue en proceso de análisis en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras el Gobierno lo socializa entre diversos sectores económicos, sociales y políticos.